Ley 20.720 en Chile: reorganización y liquidación de empresas
La Ley 20.720 de Insolvencia y Reemprendimiento regula en Chile los procedimientos destinados a enfrentar situaciones de insolvencia de empresas y personas. Su objetivo principal es permitir que los deudores puedan reorganizar sus obligaciones financieras cuando aún existe viabilidad económica, o bien liquidar ordenadamente sus bienes cuando la continuidad del negocio ya no es posible.
Antes de la entrada en vigencia de esta ley, el sistema concursal chileno se basaba en el antiguo régimen de quiebras. La Ley 20.720 modernizó el sistema incorporando procedimientos más rápidos, mayor transparencia y la intervención de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, organismo encargado de supervisar estos procesos.
Para muchas empresas en crisis financiera, elegir correctamente entre un proceso de reorganización o una liquidación concursal puede marcar la diferencia entre salvar el negocio o cerrar de forma ordenada evitando responsabilidades mayores para los administradores.
¿Qué es un procedimiento concursal según la Ley 20.720?
Un procedimiento concursal es un proceso judicial destinado a resolver la insolvencia de un deudor mediante un sistema ordenado de pago a los acreedores. Estos procesos se tramitan ante el Juzgado Civil competente y cuentan con la participación de distintos actores como el veedor, el liquidador y la junta de acreedores.
La ley contempla principalmente dos procedimientos para empresas:
- Procedimiento concursal de reorganización.
- Procedimiento concursal de liquidación.
¿Qué es la reorganización de empresas?
La reorganización concursal permite que una empresa con problemas de liquidez negocie un acuerdo con sus acreedores para reestructurar sus deudas y continuar operando.
Durante este proceso, la empresa presenta un acuerdo de reorganización que puede incluir medidas como:
- Reprogramación de pagos.
- Reducción de intereses.
- Venta de activos no esenciales.
- Capitalización de deudas.
El objetivo es mantener la continuidad del negocio, preservar los empleos y permitir que la empresa recupere su estabilidad financiera.
¿Qué es la liquidación concursal?
La liquidación concursal se aplica cuando la empresa ya no es viable económicamente y no es posible alcanzar un acuerdo con los acreedores.
En este caso el tribunal designa a un liquidador concursal, quien se encarga de:
- Tomar control de los bienes del deudor.
- Vender los activos de la empresa.
- Pagar a los acreedores conforme al orden de prelación legal.
Este procedimiento permite cerrar la empresa de forma ordenada, evitando conflictos entre acreedores y asegurando una distribución legal de los bienes disponibles.
Diferencias entre reorganización y liquidación
- Reorganización: busca mantener la empresa operando mediante acuerdos con acreedores.
- Liquidación: implica vender los activos para pagar deudas y cerrar definitivamente la actividad empresarial.
La elección entre uno u otro procedimiento depende principalmente de la viabilidad económica del negocio y de la capacidad de generar ingresos futuros.
¿Qué pasa con los trabajadores en un proceso concursal?
En los procedimientos concursales los créditos laborales tienen preferencia de pago conforme a las normas del Código Civil y del Código del Trabajo.
Esto significa que, al momento de distribuir los bienes del deudor, se priorizan obligaciones como:
- Remuneraciones adeudadas.
- Indemnizaciones laborales.
- Cotizaciones previsionales.
En los procesos de reorganización, estos créditos también deben considerarse dentro del acuerdo que se somete a votación de los acreedores.
¿Cuándo conviene iniciar un proceso concursal?
Muchas empresas inician estos procedimientos demasiado tarde, cuando ya existen embargos, juicios ejecutivos o acumulación de deudas impagables.
Algunas señales de alerta que indican la necesidad de evaluar un proceso concursal son:
- Imposibilidad de pagar obligaciones financieras.
- Demandas judiciales por deudas.
- Embargos sobre cuentas o bienes.
- Pérdidas sostenidas en el tiempo.
Actuar tempranamente permite planificar una estrategia legal adecuada y evitar mayores riesgos patrimoniales para los socios o administradores de la empresa.
Consejos prácticos de un abogado de insolvencia
1. Evaluar la viabilidad financiera real de la empresa
Antes de iniciar una reorganización es fundamental analizar si el negocio puede generar ingresos suficientes para cumplir un acuerdo con los acreedores.
2. Preparar información financiera completa
Los procedimientos concursales requieren estados financieros, listado de acreedores y antecedentes contables claros para que el tribunal y los acreedores evalúen la situación del deudor.
3. Buscar asesoría legal antes de enfrentar demandas
Una asesoría temprana permite diseñar estrategias legales que protejan el patrimonio de la empresa y faciliten una negociación ordenada con los acreedores.
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